Caso Arribas: La Cámara Federal ordenó reabrir la investigación

Gustavo Arribas en el Senado. | Foto: La Nación (Soledad Aznarez).Gustavo Arribas en el Senado. | Foto: La Nación (Soledad Aznarez).

Gustavo Arribas había sido sobreseído por el juez Rodolfo Canicoba Corral. Luego de nuevas declaraciones que surgieron de la megacausa “Lava Jato” en Brasil, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia fue explícitamente señalado por recibir coimas.

Será recordada la imagen de Gustavo Arribas saliendo de tribunales luego de prestar declaración ante el juez Canicoba Corral, con una amplia sonrisa y totalmente relajado, enfrentando a los medios como si nada hubiese pasado. Días después, el presidente Mauricio Macri lo defendió públicamente en conferencia de prensa, donde confirmó el nombramiento de quien estaba siendo investigado al frente de nada menos que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Los tropiezos del presidente a la hora de explicar su decisión, lo mostraban algo nervioso.

En el día de ayer, el escándalo que gira en torno a la causa que sigue su curso en el país vecino, “Lava Jato”, tuvo un nuevo capítulo. La constructora brasileña Odebretch se presentó ante la justicia federal argentina y solicitó un “acuerdo de colaboración” en donde ofrecía información en el marco de la causa que investiga la realización de pagos ilegales para obtener beneficios en la adjudicación de obra pública en Argentina.

Meirelles declaró ante la justicia que la constructora efectivamente efectuó coimas, las cuales serían por un total de U$$ 850.000 en diez transferencias directamente al titular de los servicios de inteligencia, Gustavo Arribas. De confirmarse este hecho, las primeras palabras de Arribas sosteniendo que el dinero recibido se debía a la compra de cuadros artísticos ya no es verosímil ni siquiera en cuanto a los montos declarados.

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A raíz de las declaraciones del “arrepentido” Meirelles, la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional a cargo de los jueces Freller, Ballesteros y Bruglia aceptaron la apelación presentada por el fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez y dieron lugar a su reclamo, ordenaron continuar la investigación y luego derivaron el expediente a Casación Penal.

La causa que se investigaba en nuestro país corresponde a la construcción de la planta potabilizadora de Aysa “Paraná de Las Palmas”, la cual tuvo un presupuesto de más de $ 2.000 millones y fue financiada a través de  un crédito de un banco brasileño

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