Crisis democrática en América Latina: el rol clave del Congreso

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Desde el Golpe Parlamentario en Brasil, pasando por la suspensión del Poder Legislativo en Venezuela hasta el “Pacto de Olivos” en Paraguay que se llevó un muerto, los Congresos han jugado un rol determinante y fundamental para entender la crisis democrática que azota nuestra región.

América Latina está experimentando un “giro hacia a la derecha” que está dejando atrás a los gobiernos progresistas, de base nacional y popular que gobernaron las últimas décadas. El triunfo de Macri en las urnas en nuestro país, el golpe parlamentario que destituyó a Dilma Rousseff en Brasil, la llegada de Cartes al poder en Paraguay. Ecuador se juega hoy mantener un modelo  que lideró Correa desde 2007, o virar hacia un gobierno de derecha que promete el “cambio”.

Sin embargo, aunque nadie puede negar que los últimos hechos ocurridos en la región afectan gravemente a la democracia, no hay que descuidar la importancia que tienen los Poderes Legislativos a la hora de cuidar el régimen democrático.

Aníbal Pérez Liñán, especialista en política comparada, ha escrito sobre las crisis de los gobiernos latinoamericanos en los años ’90. El autor asegura que después de las experiencias nefastas que dejaron los militares, hay un consenso en que el régimen político (la democracia) no es el que debe ser atacado ante una crisis. Por eso, los apuntados son los gobiernos. Y en eso, los Congresos tienen un rol fundamental.

Pérez Liñán resalta tres condicionantes que si se dan en simultáneo, pueden terminar con un gobierno democrático. Éstos son: 1) Medios masivos investigan y revelan escándalos políticos. 2) El Presidente no tiene control del congreso. 3) Movilización popular

Para comenzar, en el caso de Brasil se dio un verdadero Golpe de Estado parlamentario. Esto significa que desde el Congreso, se orquestó la destitución de la Presidenta elegida democráticamente y su cabeza fue el vicepresidente Temer. El proceso de impeachment estuvo viciado desde un comienzo, y se terminó desplazando a Dilma Rousseff de su cargo que días después aseguró que los verdaderos objetivos de la oposición eran “impedir el programa elegido por la mayoría”. Hay que recordar que Dilma había ganado un balotaje muy ajustado sobre Aécio Neves, y había un clima hostil desde los medios de comunicación que estaban abiertamente en contra del gobierno del Partido de los Trabajadores.

Volviendo a los tres condicionantes propuestos por Pérez Liñán, se dio una peligrosa combinación de los tres que resultaron en un desenlace previsible: La presidenta elegida democráticamente fue revocada de sus funciones por un Golpe de Estado originado en el Congreso. También existe un escándalo de corrupción sin precedentes que llevó al Diputado Cunha a ser condenado. (fue quién impulsó desde el Congreso el juicio político a Dilma), y ahora desde la derecha advierten que Lula será el próximo (Casualmente, el ex presidente tiene niveles altísimos de aprobación en vistas de la próxima elección presidencial, ¿proscripción?).

El caso de Venezuela, es un caso con características muy particulares. Hay que recordar que en este país existe una Asamblea Legislativa de una sola cámara (no como en Argentina que tenemos senadores y diputados). Esta asamblea se encuentra controlada hoy en día por la oposición.

Dicho esto, hay que reconocer que había ciertas irregularidades en el Legislativo desde hace unos meses. En agosto de 2016, a tres diputados del estado de Amazonas, cuya elección había sido impugnada poco después de las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, el TSJ dictaminó el desacato parlamentario. El oficialismo había impugnado la elección de estos diputados tras considerar que hubo fraude, por lo que las autoridades pertinentes comenzaron a investigar.  Los legisladores indígenas del Estado de Amazonas (sur de Venezuela), Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana fueron electos en unos comicios en los que la oposición obtuvo mayoría en la Asamblea tras más de una década dominada por el chavismo.

Todo esto tuvo un desenlace inesperado: El TSJ asumió las competencias del Poder Legislativo, en una acción polémica, y que muchos medios lo leyeron como un “auto golpe” teniendo en cuenta que la esencia del modelo republicano está basado en la división de poderes (Ejecutivo – Legislativo – Judicial) y la no intromisión en sus competencias. Sin embargo, la polémica y revuelo causado a nivel internacional que levantó la medida derivó en que Maduro de marcha atrás y devuelva las competencias al Parlamento mediante el TSJ controlado por el chavismo.

Es indispensable aclarar que en agosto del 2016 el Legislativo venezolano había acordado iniciarle un procedimiento por abandono del cargo al presidente (ya que no existe el Juicio Político en Venezuela). “Votar la apertura del procedimiento contra Nicolás Maduro y que la comisión prepare el inicio al estudio de responsabilidad penal, responsabilidad política y abandono del cargo”, subrayó la resolución aprobada tras un debate sobre “situación constitucional de la presidencia”.

En términos de Pérez Liñán, la situación es la misma: El Parlamento busca destituir a un presidente. Sin embargo, en Venezuela se dio un paso en falso al intentar eliminar las competencias del Parlamento para que las asuma el Poder Judicial, eso es inconcebible para una democracia. Tal es así que la marcha atrás fue inmediata.

Lea más: Crisis en Venezuela: ¿Desacato parlamentario o golpe de Estado?

Por último, el caso de Paraguay:

En el año 2012, un juicio político que le inició el Parlamento al entonces Presidente Fernando Lugo, derivó en su destitución. El Órgano parlamentario acusó al gobernante electo en el 2008 por mal desempeño de funciones, y de tener responsabilidad política por los enfrentamientos entre campesinos y policías ocurridos días antes en Curuguaty con un saldo de diecisiete muertos.

De los comicios celebrados al año siguiente, surgió vencedor Horacio Cartes, del Partido Colorado, y el destituido Fernando Lugo accedió al Parlamento.

Sin embargo, hace unos días se dio una situación extraordinaria. Partiendo de la base de que en Paraguay no existe la re-elección del Presidente (pueden acceder a un solo mandato de 5 años), el Senado aprobó la posibilidad de que un mandatario pueda volver a ser elegido a través de una enmiendo constitucional que debe ser aprobado por la cámara de Diputados.

Lo curioso, es que apoyaron la propuesta el Presidente Cartes (que busca su re elección), pero también los legisladores que responden al destituido Fernando Lugo, quien a través de esta enmienda, podría acceder nuevamente a la presidencia de la república. Un “pacto de Olivos” paraguayo, que desató la ira de miles de manifestantes que prendieron fuego el Congreso, y que se llevó un muerto.

El Poder Legislativo en este caso, orquestó una destitución de un Presidente elegido democráticamente, pero después operó para hacer un cambio trascendental negociado por quien fuera destituido.

En resumen, los Congresos tienen una responsabilidad fundamental a la hora de cuidar la democracia en América Latina y en el mundo. Claro está que el presidencialismo a diferencia del parlamentarismo no tiene la flexibilidad necesaria para superar momentos de crisis. Por eso, el Poder Legislativo debe contribuir al mantenimiento del régimen democrático, y no atentar contra el, dependiendo de los intereses de turno.

 

 

 

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